España carece de una ley de acceso a la información pública que reconozca el derecho fundamental a saber. Somos el único país grande (de más de 1 millón de habitantes) de la Unión Europea que no tiene este tipo de Ley; los otros son Chipre y Luxemburgo (¿por razones bancarias?)
El derecho puede llamarse de diferentes formas: derecho a saber, derecho a la transparencia, derecho de acceso a la información pública... lo importante es su concepto: se trata de un derecho fundamental derivado del derecho a la información. No es sólo la transparencia de las Administraciones Públicas. La transparencia viene motivada en algunos casos para lograr un administración más eficiente. Pero no se trata de ese enfoque: nos dan información porque la Administración es transparente, es buena. En realidad el paradigma se puede enunciar como: recibimos información porque es nuestro derecho fundamental.
Se trata de un derecho fundamental del nuevo siglo; sin él, de nada sirven la votaciones, no se logra la eficaz participación de los ciudadanos... y se genera un divorcio entre dirigentes políticos y funcionarios por un lado y, ciudadanos por otro.
Los Poderes Públicos, las Administraciones Públicas, los organismos del Estado, de las Comunidades Autónomas y las entidades locales, además de los entes con financiación pública (sindicatos, partidos políticos, fundaciones...) deben de ser transparentes ante sus auténticos propietarios: las personas.
Son titulares de este derecho todas las personas, ciudadanos o no, las personas con independencia de su credo, orientación política, nacionalidad, sexo...
Si se aprobase una Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública se generaría una transformación radical de las Administraciones Públicas, con el cambio de paradigma de lo secreto por lo público y, por tanto, con mayor dificultad para el desarrollo de la corrupción. Además, del ahorro generado por la transparencia, del control que supone sobre lo público; la información en manos de los poderes públicos, puesta a disposición del público actuaría como agente dinamizador de la economía.
Por eso demandamos, exigimos, que los políticos, los funcionarios y, en general, quienes trabajan en los servicios públicos se pongan a disposición del público, no al revés. Necesitamos servidores públicos, no quienes se sirven del público.
En este vídeo del 15 M se puede comprender el porqué de esta importante demanda.
(http://vimeo.com/25811353)
Una reflexión sobre porque ahora es necesario aprobar una ley de acceso a la información público la encontramos en "Que lo urgente no nos haga olvidar lo importante" http://www.derecom.com/numeros/articulo0506.html
Y un enlace a la Coalición ProAcceso que viene trabajando porque se desarrolle este derecho.
El Partido Popular presentó en la pasada legislatura una Proposición de Ley sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno mejor valorada que el borrador de Anteproyecto del Gobierno. Faltan algunas cosas -la naturaleza jurídica del derecho de acceso como derecho fundamental o un órgano de control que sea capaz de imponer mediante sanciones el desarrollo de éste derecho-, pero en general está lo más importante. Desconozco si este texto hay que atribuirlo a la sensibilidad frente a las demandas del 15M, a alguien que en el PP tiene una sensibilidad extraordinaria, a que el PP está despertando y empezando a hacer POLÍTICA con mayúsculas, o a no se qué... pero desde luego vaya mi aplauso por delante. El PP ha movido ficha, falta por ver que hacen el Gobierno y los demás partidos políticos.
Este es un tema importante que debería estar apoyado por todos los partidos políticos, quienes no lo hagan deberían justificar muey d
