El Tribunal Supremo español acaba de publicar la sentencia por la que condena a Baltasar Garzón por "delito de prevaricación del artículo 446.3º, en concurso aparente de normas (artículo 8.3) con un delito del artículo 536, párrafo primero, todos del Código Penal, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de multa de catorce meses con una cuota diaria de 6 euros, con responsabilidad personal subsidiaria conforme al artículo 53 del Código Penal, y once años de inhabilitación especial para el cargo de juez o magistrado, con pérdida definitiva del cargo que ostenta y de los honores que le son anejos, así como con la incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial, o con funciones jurisdiccionales fuera del mismo, así como al pago de las costas procesales, incluidas las de las acusaciones particulares. Sin condena en cuanto a responsabilidad civil."
Se trata de una condena por unanimidad de los 7 magistrados que componen la sala. Las 69 páginas de la sentencia son impecables desde el punto de vista de jurídico. Ha quedado probado que el magistrado Baltasar Garzón como instructor de una causa autorizó la interceptación de las comunicaciones entre abogados y defendidos. Según la sentencia esa resolución injusta se dictó a sabiendas que se estaba vulnerando el derecho a la intimidad y de la defensa. El artículo 536.1 establece que "la autoridad, funcionario público o agente de éstos que, mediando causa por delito, interceptare las telecomunicaciones o utilizare artificios técnicos de escuchas, transmisión, grabación o reproducción del sonido, de la imagen o de cualquier otra señal de comunicación, con violación de las garantías constitucionales o legales, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de dos a seis años. La única excepción que se prevé en la Ley Orgánica Penitenciaria en su artículo 51 para interceptar en las prisiones las comunicaciones entre abogado y cliente se encuentra en los casos de terrorismo, que no es el caso.
Hasta aquí el fallo. A mi juicio se trata de una buena sentencia con un efecto a largo plazo excelente: queda claro que la comunicación entre abogado y cliente es esencial en el derecho de defensa y, en España sólo en un caso extremo -el de terrorismo- pueden ser grabadas en las prisiones por la autoridad judicial según el citado artículo 51.
Por ello, este caso no habría tenido ninguna repercusión mediática a nivel nacional o internacional si el condenado hubiese sido cualquier otro magistrado o juez. Incluso desde cualquier frente de defensa de los derechos humanos la sentencia habría obtenido los máximos elogios. Sin embargo, al tratarse del magistrado Baltasar Garzón nos hemos encontrado con una campaña de comunicación pro-Garzón durante y después del proceso. Además, hemos podido escuchar "escandalosas" manifestaciones de gobiernos extranjeros, representantes de la ONU, políticos en los que concurre -al parecer circunstancialmente- la condición de catedrático de derecho constitucional, políticos ágrafos que largan su doctrina con una gran verborrea y, en general, personas en las que su corazón puede más que su razón, aunque en algunos casos es la razón la que modela el discurso eminentemente político y que tratan de criminalizar a la derecha, al Partido Popular, a la venganza de los condenados por el GAL, al corporativismo de jueces y magistrados, a la envidia... o no se sabe bien a quién, como responsables de una sentencia que no se han leído, pero que ya consideran que es injusta.
Es difícil sustraerse a estas consideraciones extrajudiciales. El punto de partida debe ser el de la realidad: Garzón se convirtió en un mito. Para los que somos gallegos, el emblema de la lucha contra el narcotráfico. La punta de lanza contra un polvo blanco -a farina- que mató y desilusionó a toda una generación. Tengo amigos que sentirán como suya la condena a Garzón y, lo siento por ellos. Garzón fue una persona que se rodeó de extraordinaria estima ( acepción tercera de "mito" según la Real Academia de la Lengua). Sus persecuciones de los genocidas sin limitación de fronteras, de la corrupción a todo nivel... le hicieron acreedor de ese reconocimiento a nivel internacional y nacional. De hecho fue utilizado de forma política cuando Felipe González, en sus peores momentos, lo incluyó como número dos del PSOE en la lista por Madrid, justo después de su nombre. Aunque el PSOE consiguió ganar las elecciones, aquello no salió bien para el juez y, Garzón en menos de un año peregrinó por los tres poderes: fue Magistrado de la Audiencia Nacional, Diputado en Cortes y Delegado en la lucha contra la Droga con rango de Secretario de Estado, cargo que al parecer no le satisfizo, pues esperaba ser Ministro, para volver a la Magistratura e iniciar la persecución del caso del GAL (la lucha sucia del PSOE contra el terrorismo de ETA).
Pero quizás Garzón sea un mito en otro sentido, en la acepción cuarta de nuestro diccionario de la Real Academia de la Lengua: persona a la que se atribuyen cualidades o excelencias que no tiene, o bien una realidad de la que carece. Hay otra realidad que describe a un Garzón más preocupado por sus éxitos mediáticos o por sus amigos, que por el estudio de la ley, la preparación minuciosa de los sumarios... un profesional de la judicatura muy inferior a la media y, así se aluden a distintos casos en donde los errores de la instrucción llevaron a escandalosos fracasos de los juicios. Cuando en su declaración ante el Tribunal Supremo comenzó diciendo "yo creía que..." venía a reconocer implícitamente que el Derecho operaba en segundo lugar, después de sus creencias.
El problema de los mitos es que se resisten a caerse de la peana. Además son utilizados por unos y por otros para enarbolar cualquier bandera -en España la republicana o la de la hoz y el martillo-, sirven como argumento para enviarse como arma arrojadiza al adversario político como está haciendo el PSOE: «la ruina del juez no se debió a investigar las fosas del Franquismo, sino a que se atrevió con la corrupción del PP, y esto hace peligrar la igualdad ante la ley» aunque se reconozca que no se ha leído la sentencia, y se reafirme en su juicio al decir; «pero que la lea no va a cambiar nada de lo que le acabo de decir» (pueden verse estas manifestaciones en ABC Radio). Lo malo de estas afirmaciones es que pueden ser un arma arrojadiza, como lo es un boomerang y, al final el empleo del ventilador de las inmundicias puede llegar a quienes la empiezan a arrojar o ¿no fueron los propios del PSOE quienes se juramentaron contra Garzón por su investigación del GAL que llevó a la prisión al Ministro y Secretario de Estado de Interior de dicho partido?
De todo este asunto quedan unas quejas: la múltiples recusaciones interpuestas por Garzón, el delito de cometido por el magistrado, la imposibilidad de la doble instancia penal de los aforados -que no pueden apelar la sentencia del Tribunal Supremo- (fundamento de derecho primero, punto 2), las manifestaciones escandalosas de unos y otros y, en definitiva, el desprestigio que se ha tratado de trasladar a los magistrados del Tribunal Supremo.
Por otro lado hay varios aspectos que considero dignos de señalar: la sentencia que se dicta por unanimidad (7 de 7) es clara, concisa y de calidad jurídica. Además, que los amigos son los amigos y que Baltasar Garzón aún como condenado, tiene buenos amigos, dentro y fuera de la judicatura. Pero quizás el más importante es que con esta sentencia se reconoce que todos somos iguales ante la Ley y que hasta los mitos son susceptibles de ser condenados por errores o lo que fuera.
Soy de los que le gustaría que Baltasar Garzón encontrara acomodo en el mundo jurídico fuera de la judicatura, pues las otras dos causas pendientes y esta sentencia han determinado que sus días como magistrado han finalizado. ¡Ojalá fuera declarado inocente en las dos causas pendientes!, pero mucho me temo que hay pruebas contra un Juez que se equivocó, como todos los mortales nos equivocamos.
