Ponencia presentada en el XII Congreso de Constitucionalistas de España "Participación, representación y Democracia" celebrado en la vieja Universidad de Salamanca el 3 y 4 de abril de 2014
Resumen
Desde una posición muy crítica respecto de la Ley 19/2013 de
9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno se analiza la posibilidad de que dicha norma permita una mayor
transparencia de los entes públicos, para lo cual se afronta la compleja entrada
en vigor de la transparencia. Desde una postura constitucionalista se trata de
determinar cuál debería ser la relación entre transparencia y derecho de acceso
a la información pública. Ello nos lleva a defender, tal y como lo hace la
jurisprudencia internacional, un nuevo derecho fundamental a acceder a la
información pública “anclado” en las libertades informativas del artículo 20 de
la Constitución Española. Finaliza el documento con unas conclusiones y una
bibliografía sobre la materia del ponente.
Índice: Optimismo y pesimismo con la Ley de
Transparencia. De la entrada en vigor de la transparencia. Transparencia o derecho de acceso a la información
pública. Conclusiones. Bibliografía del Ponente.
Optimismo y
pesimismo con la Ley de Transparencia
La Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a
la información pública y buen gobierno, fue publicada el pasado 10 de diciembre
en el BOE, aunque su entrada en vigor en lo relativo a la transparencia y el
derecho de acceso a la información pública se aplaza un año.
Debemos estar satisfechos con el hecho de que España se dote
de una Ley de Transparencia, que el proceso se haya llevado a cabo con
participación ciudadana, el proyecto se haya mejorado en la tramitación
parlamentaria y, que en su desarrollo, puede constituir un mecanismo real que
permita la participación pública. También
con esta norma se cumple el programa electoral del Partido Popular[1]
y podría significar un paso para que la ciudadanía recupere la confianza en la
política y en los políticos. Todo ello nos aboca hacia el optimismo.
Sin embargo, algo que nos ilusionó en un principio, al
solicitar el Gobierno la participación de los ciudadanos en el anteproyecto de
ley, se ha convertido en una decepción. Desconocemos que aportaciones de los
ciudadanos se incorporaron al proyecto. Muchos son los errores, contradicciones
y carencias de la Ley, pese a los esfuerzos de quienes hemos hablado con los
responsables del poder ejecutivo, hemos informado ante el Congreso de los
Diputados o participado en el grupo de expertos convocados por el Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales. Incluso se ha desoído algunas de las
consideraciones del Informe del Consejo de Estado como aquella que recomendaba hacer
referencia al artículo 20 de la Constitución Española (CE)[2].
Para quienes nos hemos dedicado desde hace tiempo a estudiar
y proponer una Ley de Acceso a la Información Pública, en particular los
miembros de la Coalición Pro Acceso[3],
el resultado presenta una norma que es de las peores a nivel internacional. Recordemos
que la referencia con la que trabajábamos eran los 10 puntos de la Coalición
Pro Acceso:
1. El derecho de acceso a la
información es un derecho fundamental de toda persona.
2. El derecho se aplica a todas
las entidades públicas, a todos los poderes del Estado y a todas aquellas
entidades privadas que realicen funciones públicas.
3. El derecho de acceso a la
información se aplica a toda la información elaborada, recibida o en posesión
de las entidades públicas, sin importar cómo esté almacenada.
4. Realizar solicitudes debe ser
sencillo, rápido y gratuito.
5. Los funcionarios tienen la
obligación de ayudar a los solicitantes.
6. Principio de publicidad de la
información: el secreto y la denegación de la información son la excepción.
7. Las denegaciones de acceso a
la información deben ser limitadas y estar debidamente motivadas.
8. Toda persona tiene el derecho
a recurrir las denegaciones de acceso o la no contestación a las solicitudes
realizadas.
9. Las entidades públicas, a
iniciativa propia, deben poner a disposición del público información básica y
esencial sin que sea necesario realizar una solicitud.
10. El derecho de acceso a la
información debe ser garantizado por un órgano independiente.
De todos estos puntos, la Ley 19/2013 de Transparencia afronta
correctamente el punto número 9 relativo a la llamada transparencia activa
–publicidad activa según el título II de la Ley‑ aunque habrá que esperar a ver
como se configura el Portal de Transparencia. La Ley fracasa de forma rotunda a
la hora de reconocer un derecho fundamental a acceder a la información pública
(punto número 1) y al configurar un órgano independiente de vigilancia (punto
número 9), pese a que en las últimas modificaciones se trató de dotar al
Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de una cierta independencia
al establecerse la separación del cargo por acuerdo del Gobierno solo en los
casos tasados de “incumplimiento grave de sus obligaciones, incapacidad
permanente para el ejercicio de su función, incompatibilidad sobrevenida o
condena por delito doloso” (artículo 37.2). Lo cierto es que dicho consejo no
es una autoridad independiente, sino dependiente del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. Sirva de contrapunto el estatus de la Agencia
Española de Protección de Datos Personales, para darnos cuentas de la carencia
de independencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
Las limitaciones de los sujetos obligados impiden cumplir
los puntos números 2 y 3, aunque también en este caso en la tramitación
parlamentaria de la ley se incorporaron nuevos sujetos obligados, pero
limitando el acceso a la información derivada de las actividades sujetas a
Derecho Administrativo. Esta expresión se repite para varios sujetos obligados
–Corporaciones de Derecho Público, La Casa de su Majestad el Rey, el Congreso
de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Consejo General
del Poder Judicial, así como el Banco de España, el Consejo de Estado, el
Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y
las instituciones autonómicas análogas. Lo absurdo de la situación es que la
actividad de estos sujetos en relación con los funcionarios que trabajan en
ellos se rige por el Derecho Administrativo, pero para el personal contratado,
el derecho que se aplica es el laboral. Esto significaría que la obligación de
informar se extiende a los funcionarios, pero no respecto al personal con
una relación laboral. Incomprensible y absurdo.
Tampoco se cumple el punto 3º cuando en las limitaciones que
se establecen se excluye mucha información elaborada, recibida o en posesión de
las entidades públicas, comenzando por aquella de “carácter auxiliar o de apoyo
como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e
informes internos o entre órganos o entidades administrativas” (artículo 18.b).
Esta puede ser una fórmula para ocultar información –bastaría con establecer
que tal o cual documento tiene carácter auxiliar, es un borrador o un informe
interno‑ y, en todo caso, ese tipo de información es esencial para conocer y
controlar como actúan las entidades públicas. Tampoco es admisible no entregar
información que un ente público tiene en su poder alegando que fue otro el que
generó esa información (artículo 19.4). Cabría incluso la posibilidad de no dar
la información, pues aunque se tiene, no se sabe quien la generó. Otro absurdo
jurídico incomprensible.
Los límites del artículo 14 exceden los previstos en el Convenio
Europeo de Acceso a los Documentos Oficiales (Tromsø, 18.VI.2009) del Consejo
de Europa[4],
incluso llama la atención que los entes públicos tengan en su poder información
concerniente a secretos profesionales (artículo 14.1 j). El secreto de los
profesionales (de médicos, de sacerdotes, de abogados, de periodistas…) no
debería estar en poder de los poderes públicos. Los supuestos en los un
profesional actúe como tal, dentro de una entidad pública es una situación
peculiar que se puede dar con os médicos de un servicio de salud público, abogados
de una entidad pública o sacerdotes castrenses. En el caso de los médicos la confidencialidad
entre paciente y médico debe ser guardada incluso en el ámbito de la sanidad
pública. De igual forma, en el caso de un abogado que defiende a un
funcionario, también nos encontraríamos con un supuesto de confidencialidad
cliente-abogado, en la que la entidad pública no debería tener esa información
propia del secreto profesional en su poder. La entidad pública puede servir de
marco de la relación profesional médico-paciente, abogado-defendido o
sacerdote-soldado, pero eso no significa que la información concerniente al
secreto profesional deba estar en poder de la entidad pública.
Una de las funciones de la transparencia y del derecho de
acceso a la información es expurgar aquella información que tienen los poderes
públicos y que no deberían tener. Es verdad que con el derecho a la protección de datos personales permite
la cancelación de datos personales que no deben estar en una base de datos,
pero esa facultad debería completarse con este control público de la
información en manos de los poderes públicos: conocer que información tiene el
Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los entes públicos
para saber qué información deben tener y cual no. De esta forma la transparencia se convierte en
un instrumento de protección de la intimidad[5] y
sirve para controlar al Gran Hermano.
La mayoría de la doctrina española ha criticado la Ley 19/2013
de Transparencia incluso calificándola como “gatopardesca”[6], en
alusión a la novela de Lampedusa[7] y al
eje de la acción relativa “a la necesidad de cambiar todo, para que nada cambie”.
En el mejor de los casos, podemos calificar dicha norma como más propagandística
que efectiva. Una norma de carácter administrativo que cierra la puerta al
reconocimiento de un derecho fundamental a acceder a la información pública y
que sólo permite el acceso y la transparencia sobre los asuntos sometidos al
derecho administrativo, parece un logro muy escaso para tanta publicidad. Una
norma que ha suscitado “las críticas de buena parte de la sociedad civil”[8].
Access Info, una ONG dedicada a promover la transparencia y que ha participado
en varias leyes europeas, ha manifestado que “el gobierno español ha
desaprovechado una oportunidad histórica para aprobar una ley de acceso a la
información en la línea de los estándares internacionales, aprobando en su
lugar una norma que tendrá un impacto positivo mínimo en la transparencia
gubernamental y hará poco para cambiar una cultura burocrática del secreto en
la que más del 50 % de las solicitudes de los ciudadanos quedan sin responder.
(...) La ley rechaza clara y deliberadamente los estándares de la Convención
del Consejo de Europa de Acceso a Documentos Oficiales y supone que España no
podrá suscribirla”[9].
Para Olmedo Palacio “El legislador español ha ignorado los distintos
llamamientos que ha hecho la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa
(OSCE) para que España mejore su proyecto de ley. En abril de 2012, la OSCE
advirtió que el anteproyecto de esta ley «no acata las normas y los principios
ya consagrados por los Tribunales de Derechos Humanos o las organizaciones
intergubernamentales, incluido el Convenio del Consejo de Europa sobre el
Acceso a los Documentos Públicos»[10].
Los cambios introducidos antes de que el proyecto llegara al Congreso de los
Diputados fueron calificados de «cosméticos»[11].
El último mensaje, de 13 de septiembre de 2013 y dirigido al Senado antes de la
aprobación definitiva[12],
insistía en que la ley no cumplía los estándares internacionales, resultaba en
un control más rígido de la información por parte de las autoridades estatales
y dificultaba el trabajo de los periodistas en su función de vigilancia de los
poderes público” [13].
Otro de los puntos más debatidos por la sociedad civil se
refiere al silencio negativo que establece la Ley 19/2013 de Transparencia,
algo excepcional en el derecho administrativo español. La crítica viene por
decir que se fomenta la inactividad administrativa ante las solicitudes de
información y que se crea un cauce fácil para no dar información. La “callada
por respuesta” será una de las fórmulas empleadas ante la demanda de
información.
Ya hemos manifestado que la Ley nace vieja para los tiempos
que vivimos, que la participación ciudadana en el texto legal haya sido muy
imperfecta, que se han desoído las reiteradas advertencias sobre la
improcedencia de unir transparencia y buen gobierno y, que al final, la Ley
presenta un carácter más administrativo que constitucional y más
propagandístico que efectivo. Por todo ello esta Ley de Transparencia nos mueve
hacia el desaliento.
Pese a todo ello, la Ley 19/2013, de Transparencia, abre al
escrutinio del público el sistema documental e informativo de los entes
públicos y, por extensión de otros sujetos que aparecen como obligados en los
artículos 2 y 3 de la ley. Y, esto puede suponer un rayo de esperanza. El
desarrollo y puesta en marcha de la Ley puede significar una verdadera apertura
de la información en manos de los poderes públicos o, por el contrario la
consolidación de un sistema “gatopardesco”. Dicho en otras palabras, la
implementación de la transparencia en nuestro país puede significar un cambio
efectivo y radical en el funcionamiento del sector público o puede ser una
norma más, que nada o poco aporte. El tiempo nos lo dirá. Y, en este sentido la
entrada en vigor escalonada de la Ley debe de ser aprovechada para que
realmente funcione la transparencia.
De la entrada en vigor de la transparencia
La disposición final novena de la Ley 19/2013 establece
en principio tres momentos diferentes para la entrada en vigor, pero la
vigencia de la transparencia en mucho más compleja como ya hemos manifestado[14]:
– Las disposiciones
previstas en el título II [Buen Gobierno] entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
– El título preliminar [Objeto de la Ley],
el título I [Transparencia de la
Actividad Pública] y el título III [Transparencia
de la Actividad Pública] entrarán en
vigor al año de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
– Los órganos de las
Comunidades Autónomas y Entidades Locales dispondrán de un plazo máximo de dos
años para adaptarse a las obligaciones contenidas en esta Ley.
Sin embargo la entrada en vigor de la Ley es mucho más
compleja, pues a estos tres momentos hay que añadir las siguientes consideraciones
temporales relacionadas con la transparencia:
-Las leyes modificadas en las disposiciones finales 1.ª a 4.ª
y 6.ª, que al no existir una norma expresa, debemos entender se les aplica la vacatio legis propia del párrafo 1.º del
artículo 2 del Código Civil, veinte días desde su publicación. Dichas leyes
modificadas son:
1. Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
2. Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de
los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos
de la Administración General del Estado.
3. Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General
Presupuestaria.
4. Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización
y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
6. Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención
del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
– Continúa el acceso a la
información en varios supuestos en los que la Ley de Transparencia es meramente
subsidiaria. En estos casos es posible ejercitar el derecho de acceso a la
información sin tener que esperar a la entrada en vigor de la Ley 19/2013, así
ocurre en:
·
La solicitud de información del interesado, que
sigue rigiéndose por la normativa específica según el procedimiento administrativo
concreto.
·
El acceso a los datos personales del afectado,
que se regula por la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos Personales.
·
El acceso a la información medioambiental, que
se rige por la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos
de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia
en materia de medio ambiente, que incorpora las Directivas 2003/4/CE y
2003/35/CE.
·
El acceso a la información pública para su
reutilización, que se rige por la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre
reutilización de la información del sector público.
- Existen otros aspectos de la transparencia que quedan
pendientes, pues no tiene fecha de puesta en marcha, aunque en algunos casos ya
se está trabajando en ellos. Para que la transparencia se instale
definitivamente en nuestro país se precisa la incorporación de normas de
transparencia en los Reglamentos del Congreso de los Diputados, el Senado, en
el Consejo General del Poder Judicial y las cámaras legislativas de las
Comunidades Autónomas. También está prevista la realización de convenios de
colaboración entre corporaciones de derecho público y «la Administración Pública correspondiente o, en su caso, con el
organismo que ejerza la representación en su ámbito concreto de actividad»,
según prevé la disposición adicional tercera de la Ley. De igual forma, la revisión y simplificación
normativa –materia tangencial a la transparencia y que constituye un desiderátum recurrente‑ se inicia sin
una fecha de cumplimiento por parte de la Secretaría de Estado de Relaciones
con las Cortes que elaborará un Plan de Calidad y Simplificación Normativa y se
encargará de coordinar el proceso de revisión y simplificación normativa
respecto del resto de Departamentos ministeriales cuya labor recaerá sobre sus Secretarías
Generales Técnicas que podrán coordinar
su actividad con los órganos competentes de las Comunidades Autónomas que, en
ejercicio de las competencias que le son propias y en aplicación del principio
de cooperación administrativa, lleven a cabo un proceso de revisión de sus
respectivos ordenamientos jurídicos. (Disposición adicional segunda)
- Por último citar, la disposición final séptima que establece
que el Consejo de Ministros aprobará, en
el plazo de tres meses desde la publicación de esta Ley en el “Boletín Oficial
del Estado”, un Real Decreto por el que se apruebe el Estatuto orgánico del
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno». El 10 de marzo de 2014 había
transcurrido este plazo de tres meses sin que se hubiese aprobado el citado
reglamento.
La puesta en marcha efectiva de la transparencia exige no
solo el desarrollo de un Portal de Transparencia o campañas institucionales
como la prevista en el Plan de Publicidad Institucional para el año 2014[15] a
cargo del Ministerio de la Presidencia con una partida de 600.000 € destinada a
«dar a conocer a los ciudadanos la ley y
el portal de la transparencia», también el desarrollo por parte del
Instituto Nacional de Administración Pública[16]
de un Plan de formación específico para apoyar la implementación de la Ley de
Transparencia y una correcta conservación, ordenación e indexación de los
archivos y ficheros tanto digitales como fondos documentales en papel.
Como podemos ver, en
la misma Ley y en las noticias que se reciben, la puesta en funcionamiento de
la transparencia se realiza desde los órganos obligados a proporcionar
información, con una especial incidencia en la llamada “publicidad activa” o
transparencia activa que supone la publicación de forma periódica y actualizada
de determinada información, sin necesidad de previa petición por parte de los
ciudadanos. Esa transparencia activa se focalizaría en el Portal de
Transparencia al que se destinan 1,4 millones de euros y que comenzaría a
funcionar en el año 2015. Según se ha informado
se ha firmado un convenio –que no se ha publicado‑ entre el Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes y el Secretario de Estado de
Administraciones Públicas según el cual “el portal y sus contenidos dependerán
del Ministerio de la Presidencia; pero su diseño tecnológico, desarrollo
informático y mantenimiento técnico correrán a cargo de la Dirección General de
Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración
Electrónica, integrada en la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas”[17].
Desconocemos[18]
si existe un plan global para implantar la transparencia en la Administración
Pública, aunque tenemos noticias de algunas acciones particulares: diseño de un
portal de transparencia, reserva de fondos para una campaña institucional sobre
transparencia y organización de varios cursos para funcionarios y servidores
públicos en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Si existe
alguna forma de enderezar una mala ley es mediante una implantación decidida de
la transparencia por parte los funcionarios y servidores públicos comprometidos
con la ciudadanía, “con una nueva ética pública en la que uno de los elementos
claves es la transparencia”[19].
Personas que han comprobado que en sus servicios, negociados u oficinas la
transparencia acercaba a los administrados a la Administración y conseguían
mejores resultados Así quizás se consiga
acercar las instituciones públicas a los ciudadanos, pero en todo caso habría
sido más eficaz si se hubiese reconocido un derecho fundamental de los
ciudadanos que trajera como consecuencia la transparencia y no al revés. No
desesperamos ante esta carencia que puede corregirse por vía jurisprudencial
tanto del Tribunal Constitucional español como TEDH.
Transparencia o
derecho de acceso a la información pública
Hemos de reconocer que la palabra “transparencia” ha triunfado
como expresión unánimemente reconocida para designar un sistema político
abierto en donde los ciudadanos tienen acceso a la información pública, bien
sea porque la demandan o porque los poderes públicos la ponen a su disposición.
En este sentido, la palabra transparencia viene a incluir el derecho de acceso
a la información pública. Sin embargo, “transparencia” no es lo mismo que “derecho
de acceso a la información”.
En su momento[20]
realizamos una exposición sobre ambos términos. La palabra transparencia no aparece en la
Constitución española, aunque algún autor, como es el caso de Lorenzo Cotino, defiende
en una nota a pie de página que “no cabe duda que [la transparencia] encuentra
clara y directa cobertura constitucional: la publicidad de las normas y la
seguridad jurídica (art. 9.3 CE), la necesaria motivación de los actos
administrativos (art. 9.3 y 24 CE), el derecho de autodeterminación informativa
respecto de la Administración (art. 18 CE), el derecho a la información (art.
20 CE) y, sobre todo, en el artículo 105 b)” [21].
La palabra acceso se repite con diferentes sentidos en la
Constitución española[22],
pero ninguno de ellos viene a conformar un derecho fundamental a acceder a la
información pública. Lo más próximo lo encontramos en artículo 105 b) de la CE
que se encuentra dentro del Título IV dedicado al Gobierno y a la
Administración, fuera, por tanto, del Título I dedicado a los derechos y
deberes fundamentales.
Transparencia se refiere una cualidad del sistema
informativo de las entidades públicas, mientras que si nos referimos al derecho
de acceso a la información pública nos referimos a un derecho subjetivo. La transparencia pública
como tal no puede configurarse como un derecho fundamental, pero es una
característica de las Administraciones democráticas
La relación entre ambas expresiones no es conmutativa. Si establecemos
un derecho fundamental a acceder a la información pública, del mismo podemos
extraer la transparencia de los poderes públicos. Pero si configuramos primero
la transparencia de los poderes públicos, el derecho de acceso se convierte en
algo secundario cuya amplitud dependerá en gran medida de la generosidad de
como se haya configurado la transparencia. El derecho de acceso derivado de la
transparencia y, así es como se ha configurado en la Ley 19/2013 de
Transparencia, se configura como un derecho administrativo. No hace falta explicar
la diferente protección jurisdiccional que en virtud del artículo 53 CE tiene
el derecho de acceso a la información pública si se configura como derecho
fundamental o como un mero derecho administrativo. También podemos prever la
importancia que tiene la naturaleza jurídica del derecho cuando se trate de
ponderar con otros derechos.
El acceso a la información
pública como derecho fundamental
Una primera lectura de la
Constitución nos llevaría a conclusión que el derecho a acceder a la
información pública solo es posible referirlo al artículo 105 de la CE: “La ley regulará: a) La audiencia de
los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones
reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones
administrativas que les afecten. b) El acceso de los ciudadanos a los archivos
y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa
del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas. c)
El procedimiento a través del cual deben producirse los actos
administrativos, garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado.”
Este precepto se encarga de
las relaciones entre Administración y administrados tanto en los procesos de
audiencia personal del interesado, como la audiencia de organizaciones y
asociaciones. El apartado b según la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de
noviembre de 2000[23]
se refiere a que: “el derecho de acceso a los registros y documentos
administrativos constituye un derecho de los ciudadanos de los llamados de la
tercera generación. Está enraizado en el
principio de transparencia administrativa, el cual responde a una nueva
estructuración de las relaciones entre la Administración y
los ciudadanos.” Creemos que en esa resolución judicial se están confundiendo
derechos fundamentales de tercera generación, con la transparencia como
característica propia de la Administración democrática moderna. Conceptos
diferentes, como hemos visto, aunque se encuentran ligados entre sí.
Sin embargo, el hecho que el artículo 105 b) se encuentra
dentro del Título IV dedicado al Gobierno y la Administración es incoherente
con la relación que la Ley de Transparencia establece de los sujetos obligados
a la transparencia. Entre los que se encuentran el poder legislativo, al
judicial, a la Monarquía, las empresas públicas, las comunidades autónomas y
entes locales… De alguna forma la Ley 19/2013 de Transparencia no se limita a
desarrollar el artículo 105 b), tal y como ocurría en el artículo 37 de la Ley
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, sino que va más allá del Gobierno y la Administración,
por lo que precisa de otro precepto constitucional que ampare esa extensión. Por
eso creemos que es incorrecto referir la transparencia y el derecho de acceso
sólo al artículo 105 b).
Al buscar un precepto que pudiera servir de cobertura
constitucional podríamos apuntar al derecho de petición del artículo 29. Se
trata en palabras de Martín del Llano de un “instrumento de participación
ciudadana de carácter residual y siempre referido a decisiones de los poderes
públicos de carácter discrecional o graciable”[24].
Además de su carácter residual y de la discrecionalidad de los poderes
públicos, su finalidad en principios es puramente particular, aunque se admitan
las peticiones colectivas, siempre fuera de las fuerzas armadas. Por ello no
podemos anclar el derecho de acceso a la información pública en el derecho de
petición.
El anclaje constitucional del derecho de acceso a la
información pública y, por tanto, de la transparencia de los poderes públicos se
encuentra en el derecho a una comunicación pública libre del artículo 20 de la
Constitución Española[25].
Es posible esa cobertura constitucional desde el momento en que las libertades
informativas incluyen la facultad de buscar o investigar que tiene su lógica
contención en la información privada, pero que de forma genérica debe admitirse
sobre las instituciones y poderes públicos, con independencia que
posteriormente se establezcan los límites correspondientes. «Aunque el artículo
20 no reconoce la facultad de buscar e investigar, sí que entendemos que está
implícita en la expresión “derecho a
la información”, pues para informar y comunicar se necesita acceder a la
información»[26].
Además, la interpretación de dicho artículo 20 debe realizarse por medio de la
Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, que sí que reconocen la facultad de investigar o buscar. La
otra razón para anclar este nuevo derecho fundamental en las libertades
informativas se encuentra en la finalidad que coincide con la finalidad y como
operan las libertades informativas. Así lo expresa Manuel OLMEDO PALACIOS en
sus conclusiones: «El derecho de
acceso es un derecho fundamental y no un derecho administrativo. El derecho de
acceso a la información pública es un presupuesto capital de formación de la
opinión pública, base fundamental del funcionamiento democrático de una
comunidad política, al mismo nivel que la libertad de información y de la que
forma parte según los textos internacionales en la materia y la jurisprudencia
del TEDH. Su regulación como derecho meramente administrativo lo deja huérfano
de la protección y garantías propias de los fundamentales, y prejuzga en su
contra la ponderación de intereses que deberá realizarse administrativa y
judicialmente para resolver los previsibles conflictos con otros derechos y
bienes jurídicos»[27].
Defendemos un derecho humano fundamental, por tanto de
carácter constitucional, que tiene su origen en las libertades informativas y
con las que coincide en las finalidades. Por un lado subjetivas, la realización
de la persona a través de su puesta en relación intelectual con la comunidad.
Por otro lado, una dimensión pública que aparece citada en el Convenio 205 del
Consejo de Europa sobre el Acceso a los Documentos Públicos[28],
firmado en Tromsø el 18 de junio de 2009 cuando en su exposición de motivos
dice: «considerando que el ejercicio del
derecho de acceso a los documentos públicos:
i) proporciona una
fuente de información para el público;
ii) ayuda al público a
formar se una opinión sobre el estado de la sociedad y sobre las autoridades
públicas;
iii) fomenta la
integridad, la eficacia, la eficiencia y la responsabilidad de autoridades
públicas, ayudando así a que se reafirme
su legitimidad».
Finalidades todas ellas que se encuentran en las libertades
informativas. Como ya hemos manifestado[29],
la finalidad de las libertades informativas en su dimensión pública coincide
con la propia del derecho de acceso a la
información pública. En ambos casos operan con tres conceptos concatenados:
comunicación pública libre > opinión pública libre > democracia. Para que
exista una comunicación pública libre es necesario no sólo el desarrollo de un
sistema informativo libre y plural de medios de comunicación, además en la
sociedad tecnológica en la que vivimos es posible y es imprescindible que los
ciudadanos, por sí mismos o por mediación de otros, accedan directamente a las
fuentes de información pública. Eso precisamente es el derecho a acceder a la
información pública.
La opción que nuestros legisladores han elegido no sigue nuestra
argumentación, ni el de la mayoría de la doctrina española, parece desconocer
la orientación que las instituciones internacionales atribuyen a la transparencia
y olvida la reciente jurisprudencia internacional sobre esta materia.
Tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) como la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (en el importante caso Claude Reyes
versus Chile), el Comité de Derechos Humanos de la Naciones Unidas, el Relator
por la Libertad de Prensa de las Naciones Unidas, la Organización para la
Seguridad y la Cooperación de Europa, la Organización de Estados Americanos y
la Unión Europea mantienen el carácter fundamental del derecho de acceso a la
información como derecho vinculado a las libertades informativas, mientras que
en nuestra ley solo es un derecho administrativo.
Es cierto que defendemos la aparición de un nuevo derecho
fundamental, y eso puede suponer el rechazo de algún autor que no acepta «ese incremento en progresión geométrica de
los derechos humanos»[30],
pero en este caso se trataría de un derecho subjetivo que surge para afrontar
los nuevos retos de la sociedad de la información, de igual forma que ha
ocurrido con el nuevo derecho fundamental a la protección de datos personales.
En todo caso, creemos que no existe un catálogo cerrado y estático de derechos
fundamentales. La evolución de la sociedad exige respuestas jurídicas a los
nuevos retos. Así se entiende con la aparición del derecho a la protección de
datos y, así podemos proclamarlo del derecho a acceder a la información
pública. En este último derecho su origen se encuentra en «el tronco común de
la libertad de expresión». «Un
derecho directamente relacionado con la transparencia y la lucha contra la
corrupción, pero cuyo aspecto más importante a nuestro juicio es su
caracterización como derecho fundamental de última generación que permitirá a
la persona participar en la nueva sociedad de la información por medio de la
información que le proporcione el Estado»[31].
En la misma línea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
ya ha dictado varias sentencias reconociendo que el derecho a acceder a la
información pública es un derecho fundamental:
En el caso Társaság a Szabadságjogokért v. Hungary, de 14 de abril de 2009
(App. núm. 37374/05)[32]
se produce un cambio trascendental en la jurisprudencia del TEDH. El asunto
comienza cuando una organización no gubernamental cuyo objetivo declarado es
promover los derechos fundamentales, la Unión de Libertades Civiles Húngara,
solicitó información sobre un recurso planteado ante el Tribunal Constitucional
Húngaro. Dicho acceso le fue denegado. El propio TEDH reconoce en el parágrafo
35[33] de
su sentencia una evolución de su jurisprudencia, pues ha avanzado hacia una
interpretación más amplia del concepto de «libertad
de recibir información» y por lo tanto hacia el reconocimiento de un «derecho de acceso a la información».
La sentencia Kenedi v. Hungary, de 26 de mayo de 2009 (Appl.
núm. 31475/05)[34]
tiene su origen en la negativa a acceder a documentos oficiales incluso después
de haber obtenido una sentencia favorable de los tribunales húngaros. El señor
Kenedi precisaba esos documentos para escribir un estudio sobre el
funcionamiento del Servicio de Seguridad del Estado húngaro en la década de
1960. En el parágrafo § 43 el TEDH resalta que «el acceso a las fuentes documentales originales para la investigación
histórica legítima era un elemento esencial del ejercicio del derecho de la
demandante a la libertad de expresión (véase mutatis mutandis Társaság a Szabadságjogokért contra
Hungría, núm. 37374/05, §§ 35 a 39, 14 de
abril de 2009)».
La sentencia más reciente se encuentra en el caso Youth
Initiative for Human Rights v. Serbia, de 25 de junio de 2013 (Appl. núm.
48135/06)[35].
En ella el TEDH falla en contra de la reiterada negativa de la agencia de
inteligencia serbia (Bezbednosno-informativna
agencija) de proporcionar información relacionada con la vigilancia
electrónica, en concreto sobre cuántas personas habían sido objeto de la
vigilancia electrónica por ese organismo en el año 2005. En el § 26 el tribunal
concluye que «la reticencia obstinada de
la agencia de inteligencia de Serbia para cumplir con la orden del Comisionado
de Información fue un desafío del derecho interno y equivale a la
arbitrariedad. Por lo que en consecuencia se ha acordado considerar que ha
existido una violación del artículo 10 de la Convención».
Ante estas sentencias y el nuevo rumbo jurisprudencial del
TEDH, extraña el empecinamiento del legislador español de ignorar la naturaleza
jurídica del derecho de acceso a la información pública como derecho
fundamental, por ello nuestras conclusiones deberán ser necesariamente críticas.
Conclusiones
La Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a
la información pública y buen gobierno no ha cubierto las expectativas de la
sociedad civil y la doctrina. Es una norma compleja hasta en su entrada en
vigor. Es una norma insatisfactoria por no decir mala. Esta ley ha nacido vieja
para los tiempos que vivimos, incluso para cumplir nuestros compromisos
internacionales previstos tanto en el Convenio Europeo de Tromsø, como en el
Open Government Partnership. Estamos desaprovechado una oportunidad para hacer
algo realmente esencial para la democracia electrónica del siglo XXI, reconocer
un derecho fundamental a acceder a la información pública.
La Ley no se ajusta a los diez principios de la Coalición
Pro Acceso y a las recomendaciones de la OSCE. Además. ¿Qué ocurrirá cuando el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos condene a España por no reconocer el
derecho de acceso a la información pública como derecho fundamental integrado
dentro de la libertad de información?
Por eso, en algún momento de un futuro próximo habrá que
reconfigurar el derecho de acceso a la información pública como un derecho
fundamental ligado a las libertades públicas informativas que fundamenta la
transparencia de los poderes del Estado, las Administraciones Públicas,
entidades con funciones públicas o financiación pública. Al revés de lo que
ocurre en la actualidad, en donde el derecho surge como consecuencia de una
limitada transparencia administrativa. Este reconocimiento puede venir por una
modificación de la Ley de Transparencia para adaptarla a la nueva
jurisprudencia europea, o bien porque la jurisprudencia constitucional
reconozca que el derecho de acceso a la información pública tiene su anclaje
constitucional en el artículo 20 de la Constitución Española, ya que se trata
de una derivación de la facultad de buscar
o investigar del derecho a una comunicación pública libre.
Consecuencia de lo anterior deberán determinarse los sujetos
obligados a proporcionar información pública. La lista debe ser coherente y estar
correctamente estructurada de mayor a menor importancia. En ningún caso se
limitara su transparencia en relación con
sus actividades sujetas a Derecho Administrativo.
El cambio de la Ley debería “reapoderar” a las personas, las
verdaderas titulares de la soberanía popular, frente a los poderes públicos. El
derecho de acceso a la información pública no sólo es un instrumento de
control, por tanto de lucha contra corrupción, de eficacia de las
administraciones y entidades públicas. Es también es el presupuesto para el
ejercicio de una nueva democracia, en la que los ciudadanos, si quieren, pueden
participar eficazmente y ser los auténticos protagonistas de las decisiones
políticas.
Debería regularse en normas diferentes las materias
diferentes. Por lo tanto las normas de
buen gobierno, las de simplificación normativa deberían regularse en normas
propias. Incluso el lobby debería
tener su propia norma.
La definición de información pública no debe exigir dos
condiciones unidas por una función copulativa: que obre en poder de una
administración pública y que haya sido elaborada por ella misma. Bastaría una
sola de las condiciones para que fuera considerada como información como
pública.
Debería eliminarse el silencio administrativo negativo. Al
menos cuando exista ese silencio por parte del Consejo de Transparencia y Buen
Gobierno.
Las limitaciones y restricciones deberían revisarse y eliminarse
al menos las del secreto profesional
Deberían atemperarse y estudiarse más en profundidad las
limitaciones relativas a:
·
“….sanción de los ilícitos penales…” como
excepción del artículo 14. 1 e entraría en contradicción con el artículo 120 CE
que se refiere a “las sentencias serán siempre motivadas y que se pronunciarán
en audiencia pública”, y con el proceso público como garantía, recogido en el
24 CE.
·
Al medio ambiente: ¿no se protege mejor el medio
ambiente poniendo la información a disposición del público? Sería sumamente
enrevesado buscar algún ejemplo en que pudiera funcionar como límite: ¿dar a
conocer los lugares en donde se alimenta a especies en peligro de extinción?
Bajo ese razonamiento existe un prejuicio previo, se considera que con esa
información se va a molestar al animal en peligro de extinción, cuando
posiblemente la razón por la que se solicita la información sea precisamente la
contraria.
·
En lo relativo a la información en elaboración,
auxiliar o que necesita reelaboración, deberían tener un tratamiento temporal
propio. Por ejemplo: si en 1 mes no se ha elaborado o publicado la información
solicitada, se ha de entregar los datos que permitan al peticionario elaborar
el mismo la información. La información auxiliar deberá entregarse pasado 1 mes
desde que aprobó el acto o disposición administrativa. Por último, si ha de
reelaborarse la información debería ofrecerse al peticionario la posibilidad de
que el mismo reelaborara la información bajo la supervisión y tutela de la
autoridad pública.
En la ponderación entre el derecho de acceso a la
información pública y derecho a la protección de datos, la tramitación
parlamentaria del texto ha mejorado notablemente la redacción. Sin embargo, a
nuestro juicio deberíamos considerar que:
·
Es necesario que el derecho de acceso tenga
naturaleza de derecho fundamental –tal y como hemos manifestado antes‑ para que
pueda ser ponderado adecuadamente cuando se alegue la protección de datos
personales.
·
En general y salvo que se justifique por razones
de orden público, seguridad nacional o averiguación de los delitos, en cuyo
caso nos encontraríamos con limitaciones al derecho de acceso, la pregunta es
el porqué los poderes públicos tienen en su poder ese tipo de información.
·
En todo caso, el acceso parcial o el acceso a
los datos después de un proceso de disociación, lo que supone la entrega de
información con el borrado de los nombres, en lo que el artículo 5 del
Reglamento 1720/2007 llama “dato disociado”. Esta es la solución que otorga el
apartado 4 del artículo 15 de la Ley de Transparencia y ésta debería ser la
norma general de acceso, salvo que expresamente se soliciten los datos asociados
a personas, en cuyo caso se aplicaría el artículo 15.
De alguna forma deberá garantizarse la independencia del
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
Aunque la Ley de Transparencia no es la que debería haberse
aprobado, la implementación de una transparencia real en nuestro país puede
significar un cambio profundo en el funcionamiento del sector público o puede
ser una norma más, que se incumpla sistemáticamente.
Una última acotación: si esta Ley 19/2013 se desarrolla
adecuadamente no solo conseguiremos unas administraciones más modernas, con
menos corrupción y más fiables, también se obtendrá un considerable ahorro y
una oportunidad de negocio. En definitiva, esta norma puede ser muy rentable
para la sociedad española, tanto socialmente como económicamente.
Bibliografía sobre esta materia del ponente, profesor
Manuel Sánchez de Diego Fernández de la Riva:
·
El día después de
la Ley de Transparencia en Revista
Jurídica de Castilla y León. nº 33. mayo 2014. ISSN 1696-6759.
·
El proyecto de Ley
de Transparencia en España. Errores y Soluciones en nº 87
Julio-Diciembre 2013 de la revista
Diálogos de la Comunicación (Revista Académica de la Federación Latinoamericana
de Facultades de Comunicación Social- FELAFACS) ISSN: 1995-6630. Páginas
1-32. http://www.dialogosfelafacs.net/wp-content/uploads/2013/07/87_El_proyecto_de_Ley_de_Transparencia_en_Espana_Errores_y_soluciones.pdf
(A, WWW)
·
Transparencia y
acceso a la información pública ¿son lo mismo? Por un derecho fundamental a
acceder a la información pública en CORREDOIRA Y ALFONSO, Loreto y COTINO
HUESO, Lorenzo: “Libertad de expresión e
información en Internet. Amenazas y protección de los derechos personales”
Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 2013. Páginas 283-323. (CL) ISBN:
978-84-259-1561-1
·
Comparecencia ante
la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados para informar en
relación con el proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Buen Gobierno (121/19) (Núm.Exp. 219/000188 ) 12 de febrero de 2013.
(WWW) http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=23-23&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28121%2F000019*.EXPO.%29
Comparecencia: min. 45:30 a 1:02:02 – Preguntas: min. 1:02 a 1:51 –Respuestas:
min. 1:45 a 1:51:41
·
Transparencia
y derecho de acceso a la información: ni tanto monta, ni tanto da en Ciberlaw
Clinic http://cyberlaw.ucm.es/home/25-manuel-sanchez-de-diego/164-transparencia-y-derecho-de-acceso-a-la-informacion-ni-tanto-monta-ni-tanto-da.
2012 (WWW)
·
Que lo
urgente no nos haga olvidar lo importante. El Movimiento 15M demanda una Ley de
Transparencia en Derecom nº
6. Junio-Agosto, 2011 http://derecom.com/numeros/pdf/acceso.pdf (A,WWW) ISSN: 1988-2629.
·
De la
libertad de expresión al derecho de acceso a la información pública en Comunicación y Pluralismo nº 9. Salamanca, 2010. Páginas 231-266 (A). ISSN:
1885-8201
·
Una nueva libertad
de expresión para una nueva sociedad en
Diálogos de la Comunicación (Revista de la Federación Latinoamericana de
Facultades de la Comunicación Social) nº 82. Lima, Perú. septiembre-diciembre
2010. Páginas 1- 22 http://www.dialogosfelafacs.net/wp-content/uploads/2011/10/Una-nueva-libertad-de-expresi%C3%B3n-para-una-nueva-soociedad-Manuel-S%C3%A1nchez..pdf
(WWW) ISSN: 1995 – 6630
·
El
derecho de acceso a la información pública en Cotino Hueso,
Lorenzo y Valero Torrijos, Julián y otros: “Administración
electrónica. La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los Servicios Públicos y los retos jurídicos del e-gobierno en
España”. Tirant Lo Blanch. Valencia, 2010 Páginas
325-348 (CL) ISBN 978-84-9876-997-5
[1]Así
figura en el Programa Electoral del Partido Popular http://www.pp.es/actualidad-documentos-descarga.php?nomArchivo=5751-20111101123811.pdf
Página 146: “con carácter
inmediato y de acuerdo con los principios que inspiran el Convenio Europeo
sobre Acceso a los Documentos Públicos, una ley de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno. La ley abordará desde una perspectiva integral
la transparencia como un derecho de los ciudadanos y como un principio básico
de actuación de todas las administraciones públicas, garantizando de manera
ponderada el derecho a la protección de datos de carácter personal y
salvaguardando siempre el interés general”
[2] El
informe del Consejo de Estado sobre el proyecto de Ley de Transparencia se
encuentra depositado en http://www.scribd.com/doc/105482040/Informe-del-Consejo-Estado-sobre-la-Ley-de-Transparencia.
Antes era posible encontrarlo en la página del BOE, http://www.boe.es/buscar/doc.php?coleccion=consejo_estado&id=2012-707
pero últimamente no se encuentra ni en el BOE, ni la página web del Consejo de
Estado.
[3] En
concreto se acordaron 10 principios que debía cumplir una Ley Pro Acceso http://www.proacceso.org/los-diez-principios/
[4]http://www.access-info.org/documents/Access_Docs/Advancing/Council_of_Europe
/Convention_on_Access_to_Official_Documetnts_CofE._es.pdf
[5] Esta
idea ya se encuentra en SÁNCHEZ DE DIEGO FERNANDEZ DE LA RIVA, Manuel, “La
transparencia de las bases de datos como mecanismo de protección de la
intimidad de las personas” en Informática y Derecho nº
4. Aranzadi Editorial. 1994.
[6] DE LA NUEZ, Elisa, “El proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a
la Información Pública y buen Gobierno ¿Una ley gatopardesca?”, en el blog ¿Hay Derecho?, 24 de septiembre de 2014.
http://hayderecho.com/2012/09/24/el-proyecto-de-ley-de-transparencia-acceso-a-la-informacion-publica-y-buen-gobierno-una-ley-gatopardesca.
[7] Tomasi di Lampedusa, Giuseppe, “El
gatopardo”, Espasa-Calpe. Madrid, 2002.
[8] OLMEDO
PALACIOS, Manuel, “La Ley 10/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso
a la información y buen gobierno”, Diario
La Ley, núm. 8237, 27 de enero de 2014.
[9]ACCESS INFO EUROPE -DARBISHIRE, Helen, “In Context of Crisis and Corruption, a Transparency Law with No Heart” 28
de noviembre de 2013.
http://www.access-info.org/es/espana/521-comment-spanish-law
[13] OLMEDO
PALACIOS, Manuel, «La Ley 10/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso
a la información y buen gobierno», Diario
La Ley, núm. 8237, 27 de enero de 2014.
[14] Parte
de lo expuesto sobre la vigencia de la Ley procede del artículo SÁNCHEZ DE
DIEGO FERNANDEZ DE LA RIVA, Manuel: “El día después de la Ley de Transparencia”
en Revista Jurídica de Castilla y León. Pendiente
de publicación.
[16]
www.inap.es
[17] EUROPA
PRESS, “El Gobierno firma un acuerdo para impulsar el Portal de la
Transparencia, que costará 1,4 millones de euros”, 5/03/2014. http://www.europapress.es/nacional/noticia-gobierno-firma-acuerdo-impulsar-portal-transparencia-costara-14-millones-euros-20140305150658.html
[18] Con
fecha 11 de marzo de 2014, Access Info Europe y la Fundación Ciudadana Civio
dirigió una carta al Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes
interesándose por la puesta en marcha de la Ley de Transparencia. Aún no ha
recibido contestación. Puede consultarse en http://www.access-info.org/es/espana/551-carta-secretario-estado
[19] SÁNCHEZ
DE DIEGO FERNANDEZ DE LA RIVA, Manuel: “Transparencia y acceso a la información
pública ¿son lo mismo? Por un derecho fundamental a acceder a la información
pública” en CORREDOIRA Y ALFONSO, Loreto y COTINO HUESO, Lorenzo: “Libertad de
expresión e información en Internet. Amenazas y protección de los derechos
personales” Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid, 2013.
Página 288.
[20] Íbidem.
Páginas 285-288.
[21] COTINO,
Lorenzo: “Del “deber de publicidad” de Brandeis al “Open Governement” de Obama.
Regulación y control de la información pública a través de las nuevas
tecnologías” en http://goo.gl/br3rs. Nota a
pié de página número 12.
[22] SÁNCHEZ
DE DIEGO FERNÁNDEZ DE LA RIVA, Manuel: “El derecho fundamental a acceder a la
información pública” en El derecho de
acceso a la información pública. Cersa, Madrid, 2008. Págs. 7-9 http://eprints.ucm.es/8946/
[23]
Tribunal Supremo Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª de 14
noviembre 2000 (marginal Aranzadi RJ 2001\425).
[24] MARTÍN
DEL LLANO, María Isabel, “Los derechos de reunión, asociación y petición” en SÁNCHEZ
GONZÁLEZ, Santiago y otros autores, Dogmática
y práctica de los derechos fundamentales, Tirant lo Blanch, Valencia, 2006,
Página 328.
[25] SÁNCHEZ
DE DIEGO FERNÁNDEZ DE LA RIVA, Manuel, «De la libertad de expresión al derecho
de acceso a la información pública», en Comunicación
y Pluralismo, núm. 9, Salamanca, 2010, páginas 255-256.
[26] Ibídem.
[27] OLMEDO
PALACIOS, Manuel, «La Ley 10/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso
a la información y buen gobierno», Diario
La Ley, núm. 8237, 27 de enero de 2014.
[29] SÁNCHEZ
DE DIEGO FERNÁNDEZ DE LA RIVA, Manuel, «Transparencia y acceso a la información
pública ¿son lo mismo? Por un derecho fundamental a acceder a la información
pública», en CORREDOIRA Y ALFONSO,
Loreto y COTINO HUESO, Lorenzo, Libertad
de expresión e información en Internet. Amenazas y protección de los derechos
personales, Centro de Estudios
Constitucionales, Madrid, 2013, página 313.
[30] La
llamada de atención a ese incremento abusivo de «derechos humanos» se encuentra
en SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Santiago y otros autores, Dogmática y práctica de los derechos fundamentales, Tirant lo
Blanch, Valencia, 2006, páginas 18 y siguientes.
[31] SÁNCHEZ
DE DIEGO FERNÁNDEZ DE LA RIVA, Manuel, «Una nueva libertad de expresión para
una nueva sociedad», en Diálogos de la Comunicación (Revista de
la Federación Latinoamericana de Facultades de la Comunicación Social) núm. 82,
Lima (Perú), septiembre-diciembre de 2010, página 17. <http://www.dialogosfelafacs.net/wp-content/uploads/2011/10/Una-nueva-libertad-de-expresi%C3%B3n-para-una-nueva-soociedad-Manuel-S%C3%A1nchez.pdf>.
[32]
<http://goo.gl/SVaSx. También en Aranzadi JUR\2009\168003>.
[33] 35. The Court recalls at the outset
that «Article 10 does not ... confer on the individual a right of access to a
register containing information on his personal position, nor does it embody an
obligation on the Government to impart such information to the individual »
(Leander v. Sweden, 26 March 1987, § 74 in fine, Series A no. 116) and that «it
is difficult to derive from the Convention a general right of access to
administrative data and documents» [Loiseau v. France (dec.), no. 46809/99,
ECHR 2003-XII (extracts)]. Nevertheless, the Court has recently advanced
towards a broader interpretation of the notion of «freedom to receive
information» (see Sdružení Jihocˇeské Matky c. la République tchèque (dec.),
no. 19101/03, 10 July 2006) and thereby towards the recognition of a right of
access to information.
[34]
Aranzadi JUR\2009\218749.
